UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE CONJUNTO.

Las intervenciones de los poderes públicos en materia de adecuación energía-ambiente irán dirigidos naturalmente a estimular la producción de efectos positivos comunes para ambos campos y a erradicar o al menos limitar eventuales consecuencias negativas para el medio de las nuevas políticas de la energía.

Los objetivos perseguidos son frecuentemente coincidentes en cuanto que, como vimos, el uso racional de la energía favorece la calidad ambiental y las mismas medidas pueden acumulativamente servir a ambas finalidades. También suele ser idéntica, como no podía ser menos dado el repertorio de intervenciones administrativas, la naturaleza jurídica de las medidas empleadas, aunque para la política energética los instrumentos adoptados por ahora no incluyen habitualmente prohibiciones, mandatos y sanciones, si bien la coacción administrativa está de alguna manera presente, indirectamente en el caso de política de precios fijados por la Administración y directamente en supuestos menos comunes como racionamientos y limitaciones de uso.

El marco orgánico-público de carácter sectorial no siempre es coincidente, y a la dispersión característica de las responsabilidades de la tutela ambiental se superpone la que incide también en el campo energético, donde la biomasa y los ahorros derivados de la edificación, por poner algún ejemplo, caen fuera del ámbito de los Ministerios encargados de la energía. De todas formas, los Departamentos competentes para las cuestiones energéticas e industriales tienen aquí un protagonismo importante y están en condiciones, directamente o a través de órganos colegiados, de coordinar las distintas acciones.

Desde la perspectiva de distribución territorial del poder, puede observarse que así como la política energética tiene un ámbito nacional e incluso supranacional, la estrategia de la conservación ambiental se acomoda mejor a espacios más reducidos, regionales o metropolitanos e incluso municipales. De todas formas, como se ha observado, existe una serie de problemas regionales ambientales estrechamente ligados a las cuestiones energéticas, y es aquí donde deben armonizarse las responsabilidades respectivas en lo que concierne a lo que se ha llamado "cuestión energético-ambiental".


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